Cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera fue detenido por segunda vez en 2014, el gobierno mexicano tuvo poco que ver con su captura, la cual fue posible gracias a casi una década de investigación por parte de la DEA, la CIA y el FBI, organismos que en México solo comparten información con la Marina de ese país, porque no confían en ningún otro cuerpo de seguridad.
Hace unos días, la cadena de televisión estadounidense NBC, informó que la DEA había interceptado señales de teléfono celular que revelaban que el Chapo estaba en un rancho de la sierra de Durango, pero cuando llegaron los comandos de la Marina ya se había ido. Alguien le sopló.
La misma cadena de TV fue la encargada de informar, por fuentes del Departamento de Estado de EEUU, que en las últimas horas Guzmán burló por poco el cerco de la Marina y huyó herido en la cara y en una pierna. El gobierno mexicano, al parecer, no estaba ni enterado y demoró 12 horas en confirmar esta información.
En suma, hay bastantes elementos, y no solo estos, para que el gobierno de EEUU desconfíe que la administración de presidente Peña Nieto tiene poco interés en capturar a Guzmán, quien el 11 de julio se fugó, por segunda vez, de una cárcel de alta seguridad.
Unos videos divulgados tras su fuga muestran que el Chapo hizo bastante ruido para bajar hacia un túnel construido bajo su celda, pero nadie se percató en el penal.
“La fuga se realizó con toda la aprobación de las autoridades mexicanas de todos los niveles. No se puede escarbar y hacer un túnel de esa naturaleza sin la anuencia de las autoridades. Es una estupidez considerar que la fuga fue un asunto de los celadores. Lo que ocurrió es de una enorme complicidad de las autoridades de todos los niveles del país”, declaró a Contralínea Guillermo Garduño, conferencista en el Colegio de la Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional y en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina.
La semana pasada Peña Nieto recibió a Jeh Johnson, secretario de Seguridad Territorial de Estados Unidos, todo indica que para recibir un tirón de orejas de un gobierno que ha destinado millones de dólares en pertrechos y adiestramiento para combatir al narcotráfico. No es menos cierto que fue gracias a Estados Unidos que los carteles mexicanos cobraron poder cuando durante el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) la potencia del norte se embarcó un sucio juego de tráfico de drogas y armas con destino a Irán y a la “contra” nicaragüense.
La inteligencia estadounidense hace tiempo que piensa que el gobierno mexicano dejó crecer al cártel de Sinaloa por sus características: el Chapo tiene demasiada información como para comprometer a mucha gente y su presencia es una especie de ente regulador del mercado de la cocaína, con métodos menos sangrientos que, por ejemplo, la banda de los Zetas, de la que es enemigo. El Chapo solo se dedica a traficar, mientras que otras bandas criminales se diversificaron hacia la extorsión, el sicariato y los secuestros.
“El Chapo es el único capaz de coagular los intereses de toda la mafia o someterla en un mando único. No hay ningún otro actor así de los que están afuera”, dijo Garduño.
La preocupación de Estados Unidos de tener en su patio trasero algo parecido a un “Estado fallido” viene creciendo desde que a finales de los 90 los narcotraficantes mexicanos se dieron cuenta de que debían dejar de ser meros correos de los carteles colombianos y le birlaron el comercio hacia el mercado estadounidense.
Sobre la base de que para un narco no hay peor enemigo que otro narco, el gobierno mexicano habría aprovechado el poder del cártel de Sinaloa para combatir a otras bandas criminales.
Hoy, el mercado mexicano de las drogas está dominado por nueve cárteles: tres con alcance nacional (Sinaloa, Los Zetas y Jalisco Nueva Generación); cuatro regionales (El Golfo, los Caballeros Templarios y Pacífico Sur) y dos “cobradores de peaje” (Juárez y Tijuana). Se le suman 202 células delictivas concentradas en Tamaulipas, Guerrero y el Distrito Federal.
Según un documento de Inteligencia del Congreso estadunidense fechado a finales de julio, el gobierno de Peña Nieto podría estar buscando “el retorno de un poder hegemónico entre la delincuencia organizada”, concediéndole el liderazgo al cártel de Sinalo, liderado por Guzmán y por el menos mediático Ismael “el Mayo” Zambada. El cártel de Sinaloa factura unos US$ 3 mil millones anuales y tiene presencia en 50 países de cuatro continentes: América, Europa, África y Asia. Trafica cocaína, heroína, metanfetaminas, drogas sintéticas y marihuana, aunque esta última ha dejado de ser negocio al estar legalizada en buena parte de EEUU.
El documento del Congreso de EEUU advierte que esta apuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto “podría significar la pérdida de la legitimidad del Estado” pero también “podría lograr la reducción de la violencia y sacar el problema del narcotráfico de los asuntos de seguridad nacional para llevarlo a los del orden público”.
A pesar de las sospechas, el gobierno de Peña Nieto arrestó o abatió a 93 capos del narco.
No sería esta la primera vez que un gobierno apuesta por el Chapo como pacificador. Garduño, que es también catedrático en la Universidad Autónoma Metropolitana, afirma que desde el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) se ha buscado apuntalar al cártel de Sinaloa. La primera fuga del Chapo, el 18 de enero de 2001, tuvo el objetivo de destruir a los Arellano Félix, hoy fuera de combate. Ahora Peña Nieto tendría por objetivo liquidar a los cárteles de Juárez, del Golfo y Jalisco Nueva Generación y los Zetas.
Pero según expertos mexicanos de la droga, el Chapo anda con otras ideas acerca del liderazgo nacional del narcotráfico y estaría dispuesto a compartirlo con el cártel Jalisco Nueva Generación, una vieja derivación del cártel de Sinaloa, lo cual le permitiría acceder a las plazas de Tijuana y Ciudad Juárez, actualmente en poder de los debilitados cárteles de los Arellano Félix y Juárez. Pero además le daría gran poder de fuego, algo que caracteriza a los de Jalisco luego de que derribaran un helicóptero de la Policía con un misil. Ese día el cartel liderado por Nemesio Oseguera González copó el sistema carretero en Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Colima y bloqueó toda la entrada al Noroeste del país.
“En caso de que no hubiera una ruptura definitiva con Nueva Generación, puede pasar que haya una realineación. Hay que recordar que ese grupo fue una expresión local de la propia organización de Joaquín Guzmán. En caso de que se suscitarán enfrentamientos, estos serían con La Familia Michoacana o Los Caballeros Templarios, ya que son los principales rivales del Jalisco Nueva Generación y en la lógica del narcotráfico, el enemigo de mi enemigo, es mi aliado”, declaró a El financiero Javier Oliva Posada, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de México.
Mientras todas estas especulaciones circulan en los ámbitos de poder de EEUU y México, el Chapo sigue escurriéndose en la selva y los caceríos de Sinaloa que hace 61 años lo vieron nacer y convertirse de simple “gomero” del opio a ser el capo di tutti capi de la mafia mexicana.
